Quiérase o no, Baja California Sur es un mosaico de grupos originarios, de razas y de etnias de diferentes entidades del país que han venido a enriquecer la diversidad cultural, gastronómica y social. Sin embargo, esos grupos indígenas que han llegado a tierras sudcalifornianas escapando no solo de la falta de empleo, sino que sufren de segregación racial en sus lugares de origen, aquí, siguen padeciendo ese mismo mal.
Todo inició, según cuenta la historia, cuando el General Agustín Olachea Avilés, gobernador del entonces Territorio de la Baja California Sur, llamó a poblar lo que hoy es el Valle de Santo Domingo en el Municipio de Comondú, y que muchos hombres y mujeres procedentes de estados como Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Sonora y Sinaloa, vinieron a poblar ese famoso Valle, que a pesar de sus problemas hídricos, hizo producir el desierto, arrancándole algodón, garbanzo, trigo y algunas leguminosas como frutales.
Para la pizca del algodón como para la cosecha del garbanzo, los productores necesitaban mano de obra e iban a la búsqueda de ella a estados como Oaxaca, Guerrero y Michoacán, principalmente, para cumplir con la pizca, por ello se le llamaban pizcadores.
Después este segmento de la agricultura fue creciendo en Baja California Sur, ya no era el Valle de Santo Domingo, el principal centro productor, por la sobre explotación de los mantos acuíferos, fueron desapareciendo los cultivos de algodón y de garbanzo y empezaron con el cambio en el patrón de cultivos por aquellos de menor consumo de agua y de mayor rentabilidad económica, y así surgieron El Carrizal, El Valle del Vizcaíno, Todos Santos y Los Planes.
En muchos campos agrícolas, la desatención con la gente trabajadora, muchos de ellos provenientes de esas entidades federativas eran desatendidas, había segregación racional y discriminación en cuanto a atención a la salud, la educación, la seguridad, derecho a la vivienda y la existencia de violencia intrafamiliar.
Sin embargo, las nuevas políticas de combate al racismo, a la segregación racial como a la discriminación, han venido a paliar un poco esa situación de los diversos grupos indígenas que viven en tierras sudcalifornianas. Falta mucho por hacer a su favor porque no tenían derecho a los servicios más elementales.
En Baja California Sur, se tienen registros de unas 90 mil personas que pertenecen a grupos indígenas como afromexicanos, y desde el 2018, en el Congreso local ya cuentan con un representante popular, y ahora tienen tres diputados. Aunque debo decir, que son muchos, ya que si tomamos en cuenta que cada distrito local electoral está integrado entre 35 mil y 40 mil electores -según la redistritación del INE-, quiere decir que tienen un diputado de más.
Pues bien, no solo padecen de discriminación sino de segregación racial en política, ya que todos esos grupos étnicos, han sido utilizados por políticos vivales que han sabido aprovechar en algunos casos la ignorancia y en otros la explotación, para sumarlos a sus fines políticos, como sucedió en las elecciones de 1999, cuando la mayor parte si no es que todos esos grupos, las personas fueron afiliadas no solo al instituto electoral federal de aquel entonces sino que los hicieron votar para ganar elecciones.
Todos los operadores políticos de entonces PRD-PT se dedicaron presurosos en 1999, a que todas las personas indígenas tuvieran su credencial para votar y que además sufragaran por esta alianza, y así lo hicieron.
A pesar de que siempre han ido a votar, esos grupos indígenas siguen padeciendo de segregación racial a un acceso desigual a los recursos como de oportunidades, a graves violaciones a los derechos humanos. Siguen recibiendo un trato injusto y desigual por sus características étnicas, principalmente.
Lo peor de todo, es ese racismo vil de muchos que se creen superiores, porque son “blancos”, porque usan traje y corbata, porque tienen derecho a la salud y a la educación, porque trabajan en oficinas lujosas muestran rechazo o excluyen a las personas por su raza, su color, su origen étnico y su lengua materna.
Los políticos ahora hablan de “inclusividad”, pero solo es de dientes para afuera, pero en la vida real es diferente, solo utilizan la inclusión cuando de ganar adeptos y votos a favor se refieran, pero se jactan de hablar de inclusividad destruyendo nuestro idioma, imponiendo modas, pero no combaten la segregación racial, la discriminación y el racismo de quienes vienen a esta entidad a sumarse al desarrollo económico.
Si quieren hablar de inclusividad, apliquen todas esas leyes para que a los grupos indígenas reciban el mismo trato y atención en hospitales, escuelas, edificios públicos, el comercio, el transporte, tener derecho a vivienda. Y no solo eso, impongan la enseñanza de Lengua de Señas y el Sistema Braille en escuelas primarias y en secundaria de todo el estado. Eso sí sería inclusión. Y una verdadera atención como se les ha prometido, a todas aquellas personas con alguna discapacidad.
MICROTEMAS. Lamentable y reprochable el que las diputadas de la fracción morenista en el Congreso local no se hayan manifestado en contra de la actitud machista y misógina del “representante popular” Sergio Polanco Salaices, así como de sus otros dos compañeros que le aplaudieron las expresiones violentas en contra de las mujeres, Venustiano Pérez Sánchez y Sergio Guluarte Ceseña. La falta de valores éticos de estos tres legisladores, demuestra su pobredumbre educativa, pues los tres deben ser acusados de misóginos y violentadores de género, pues como dice conocido refrán, “tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata”. Si la denuncia en contra de Polanco Salacies procede, debe hacerse extensiva hacia Guluarte Ceseña y Venustiano Pérez. En las cuestiones de solidaridad y empatía, las diputadas morenistas quedaron a deber a las mujeres sudcalifornianas.
El Subsecretario de Administración, JORGE HUMBERTO BAUTISTA RODRÍGUEZ anunció la instalación de la Comisión Mixta de Escalafón para el próximo 25 de agosto. Esta instancia es importante pues con el se pretende reactivar este instrumento de diálogo institucional para avanzar en la consolidación de un servicio público más justo e incluyente. Acompañado del dirigente del Sindicato de burócratas Sección La Paz, Bautista Rodríguez dijo que con esta instalación, el gobierno del estado cumplirá con el compromiso de fortalecer los principios de equidad, transparencia y profesionalización dentro de la administración pública. “Dicho órgano, tiene como propósito fundamental, garantizar procesos justos en materia de desarrollo profesional para los trabajadores al servicio del Estado, brindando certeza laboral, reconociendo la trayectoria y méritos del personal”, sostuvo Jorge Bautista.
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