Fiscalización electoral en bcs: el rol del ine en elecciones transparentes
La fiscalización es uno de los pilares de nuestra democracia. Con legalidad, transparencia y equidad, el INE garantiza que todas y todos compitan en equidad de condiciones.
El Instituto Nacional Electoral (INE) cumple una función clave en la democracia del país: vigilar el origen, monto y destino de los recursos que utilizan los partidos políticos y las personas candidatas durante los procesos electorales. A través de esta labor de fiscalización, se asegura que el uso de los recursos, tanto públicos como privados, sea legal, transparente y debidamente reportado.
Durante los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, incluyendo, por primera vez, el Proceso Electoral del Poder Judicial, el INE, revisa los informes financieros de las candidaturas a personas juzgadoras, realiza monitoreos en vía pública, internet, medios impresos y visitas de verificación, verifica el cumplimiento de los topes de gasto de campaña e Impone sanciones, en coordinación con el Tribunal Electoral, en caso de incumplimiento.
¿A quién fiscaliza el INE?
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Partidos políticos nacionales y locales
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Candidaturas comunes e independientes
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Organizaciones de ciudadanos que buscan constituirse como partidos políticos
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Organizaciones de observadores electorales
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Personas candidatas a cargos del Poder Judicial, tanto federales como locales
Para llevar a cabo esta tarea, el INE utiliza sistemas electrónicos administrados por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF). Estos sistemas permiten registrar, revisar y verificar los ingresos y gastos de candidaturas en tiempo real, lo que facilita la transparencia y el seguimiento puntual de los recursos durante los procesos electorales. Además, permiten generar reportes, adjuntar documentos y consultar información sobre las campañas.
De manera inédita, durante el Proceso Electoral Extraordinario para diversos cargos del Poder Judicial, el INE fiscaliza a las personas aspirantes a ser jueces o juezas, así como magistrados o magistradas, regulando sus ingresos y egresos de campaña. Para ello, se establecen lineamientos específicos, entre los que destacan:
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Uso obligatorio del sistema de fiscalización para el registro de sus ingresos y egresos
• Prohibición de propaganda en medios de comunicación y eventos de partidos políticos
• Límite en gastos personales de campaña
• Prohibición de recibir recursos públicos y privados
• Se permite la promoción en redes sociales sin publicaciones pagadas.
