Resolver y sancionar faltas graves de servidores públicos es competencia del Tribunal de Justicia Administrativa
- Los órganos internos de control remiten el expediente con el informe de presunta responsabilidad para que resuelva y en su caso sancione las faltas de servidores públicos o particulares
La Paz, BCS. 29 mayo 2024.- Una de las tareas fundamentales del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California Sur (TJABCS) es resolver y sancionar las faltas administrativas graves que hubieran sido cometidas por servidores públicos, dijo Claudia Méndez Vargas, Magistrada Presidenta del TJABCS al señalar que en una primera etapa se recibe el expediente, se verifica la falta, se solventa la eventual reclasificación o se admite.
Durante su ponencia “Competencia del TJABCS en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa” explicó que en el procedimiento se admiten pruebas y ordena las diligencias necesarias en relación con estas, además del desahogo de pruebas dan paso a la apertura de pedido de alegatos para finalmente cerrar la instrucción, dictar sentencia y notificar a las partes.
“Tenemos la facultad de imponer sanciones a los servidores públicos estatales y municipales por responsabilidad administrativa grave y también a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y para ello existe un catálogo de sanciones para cada caso”, señaló.
Recordó que para realizar un procedimiento se cuenta hasta con 7 años en el caso de las faltas consideradas graves y hasta 3 años en las no graves antes de que prescriba y pueda llevarse a cabo una resolución y sanción.
Entre las faltas graves de servidores públicos se encuentran el cohecho, peculado, desvió de recursos, abuso de funciones, tráfico de influencias, conflicto de interés y enriquecimiento oculto. En tanto las faltas graves particulares son el soborno, tráfico de influencias, colusión: “convenio o contrato hecho entre dos o más personas en forma clandestina, con el objeto de defraudar o perjudicar a alguien”; y uso de información falsa.
Méndez Vargas agregó que las posibles sanciones a servidores públicos van desde la amonestación pública o privada, suspensión, destitución e inhabilitación temporal entre otras y para los particulares desde sanción económica, inhabilitación temporal, indemnización hasta suspensión de actividades.
