La diputada Alondra Torres García presentó una iniciativa con punto de acuerdo para que el Congreso de Baja California Sur solicite al Congreso de la Unión una reforma a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objetivo de impedir que personas condenadas por delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes puedan acceder a la sustitución de la pena privativa de la libertad.
La propuesta plantea modificar el artículo 144 de dicha legislación para establecer que este beneficio no proceda en casos de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y delitos de carácter sexual cuando las víctimas sean menores de edad.
La legisladora señaló que, si bien la Ley Nacional de Ejecución Penal busca regular el cumplimiento de las sanciones y favorecer la reinserción social de las personas privadas de la libertad, es necesario establecer límites cuando se trate de delitos que afectan gravemente a la niñez y la adolescencia.
Indicó que la reforma pretende garantizar que las penas impuestas por este tipo de delitos se cumplan conforme a la gravedad de las conductas, privilegiando el interés superior de niñas, niños y adolescentes, además de fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
El punto de acuerdo será analizado durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado. En caso de aprobarse, la propuesta será remitida al Congreso de la Unión y a los congresos de las entidades federativas y de la Ciudad de México para su conocimiento y, en su caso, adhesión, con el propósito de impulsar la modificación al marco jurídico nacional.