Capacitan a autoridades de BCS sobre procedimientos por faltas administrativas: SEABCS
El fortalecimiento de un sistema anticorrupción no depende únicamente de contar con mejores leyes, sino de tener instituciones capaces de aplicarlas adecuadamente, afirmó Sergio Villarreal Nogales, en representación del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur (SEABCS), durante la capacitación “Retos y desafíos en los procesos de faltas graves y no graves”.
Durante este encuentro, encuentro organizado por el SEABCS a través del Poder Judicial del Estado, subrayó que la jornada se realiza en apego a las acciones contempladas en el Programa Anual de Trabajo (PAT), responde a la firme convicción de que el combate a la corrupción y la impunidad requiere de un servicio en permanente capacitación.
“Este espacio de actualización y análisis, orientado al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de responsabilidades administrativas, es una oportunidad para refrendar la importancia de una correcta investigación, substanciación y resolución de las faltas administrativas, a fin de fortalecer la confianza ciudadana”, señaló.
Por su parte, la magistrada presidenta del Poder Judicial del Estado, Claudia Jeanette Cota Peña, destacó la importancia del trabajo conjunto, así como del compromiso con la capacitación permanente y la coordinación interinstitucional, de acuerdo con las competencias y responsabilidades de cada instancia.
Las ponencias, a cargo de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Miguel Ernesto Pompa Corella y Jesús Omar Sánchez Sánchez, contribuyeron a fortalecer los conocimientos de las personas participantes sobre los retos que enfrentan los procedimientos de responsabilidades administrativas, así como los aspectos relevantes para su adecuada tramitación y resolución.
Con estas actividades, el Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur refrenda la importancia de la capacitación y la colaboración interinstitucional para fortalecer las capacidades de las autoridades, promover la rendición de cuentas y consolidar una actuación pública basada en la legalidad, la integridad y el combate a la corrupción.
