Contarán jubilados y pensionados con comisión que atienda sus demandas: Congreso BCS
La Paz, B.C.S, a 30 de abril 2025.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur aprobó este martes 29 de abril dos reformas a su Ley Orgánica, que implican cambios en la estructura de sus comisiones permanentes, con el fin de responder a demandas sociales y ampliar la atención legislativa.
La primera reforma establece que la Comisión de Asuntos Laborales y de Previsión Social atenderá de manera formal y permanente los planteamientos de jubilados y pensionados del estado. Esta iniciativa fue presentada el 14 de noviembre de 2024 por la diputada Karina Olivas Parra, con el objetivo de ofrecer un canal institucional donde este sector pueda presentar sus demandas y gestionar soluciones ante el Poder Legislativo.
“Cumplimos con una añeja demanda y hoy en la XVII Legislatura la hacemos realidad”, expresó Karina Olivas Parra, quien destacó que, según datos del ISSSTE, en Baja California Sur existen más de 15 mil 400 personas pensionadas por diversos conceptos como jubilación, edad avanzada, invalidez o riesgos de trabajo. Añadió que esta comisión también podrá servir como enlace para elevar gestiones ante el Congreso de la Unión.
El presidente de dicha comisión, el diputado Sergio Guluarte Ceseña, aseguró que “el sector tiene las puertas abiertas para atender cualquier necesidad y dar respuesta conjunta a esas justas demandas”.
La segunda reforma modifica la denominación de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que a partir de esta aprobación será conocida como Comisión Permanente de Comunicaciones, Transportes, Movilidad y Seguridad Vial, ampliando también sus atribuciones.
Con esta actualización, se incorpora de manera formal la atención a temas de movilidad urbana y seguridad vial, los cuales quedan integrados en el artículo 46 de la Ley Orgánica Legislativa como nuevas facultades de esta comisión. La iniciativa fue presentada por el diputado Omar Torres Orozco el 21 de noviembre de 2024.
Ambas reformas fueron avaladas por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia, y aprobadas por la mayoría de la asamblea legislativa.
