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Hasta el momento, tres de cinco ayuntamientos, por lo que se sabe de manera directa de los alcaldes que recién asumieron esa responsabilidad, denunciaron malos manejos administrativos, financieros, además de recibir una nómina demasiado abultada. Así están los Ayuntamientos de Loreto, Comondú y Los Cabos.
Tan solo en el municipio más pequeño del estado Loreto, en los tres años de la administración de Paola Cota Davis, se registró un sobregiro de 350 empleados. En Comondú, de la administración de Iliana Talamantes, fueron un promedio de 500 empleados más y en Los Cabos, en el gobierno de Oscar Leggs Castro, cerca de mil 100 trabajadores fueron contratados.
Eso, independientemente de malos manejos de los recursos financieros y su falta de transparencia en los tres ayuntamientos ya señalados. Pero aún faltan por esclarecer en qué y hacia dónde se destinaron los recursos económicos tanto de participaciones federales, estatales como las propias, estas últimas de la recaudación.
Las administraciones municipales de Paola Cota, Iliana Talamantes como de Oscar Leggs, de acuerdo a declaraciones de los nuevos alcaldes, Roberto Pantoja Castro de Comondú y Christian Agúndez Gómez de Los Cabos, como Paz Ochoa de Loreto, se quejaron del desastre financiero de cómo recibieron las administraciones.
A eso hay que agregar que esas tres administraciones municipales no dejaron recursos económicos en las arcas municipales, lo que ha dificultado a los nuevos gobiernos de Loreto, Comondú y Los Cabos, en una difícil situación para afrontar el último trimestre del año, en pago de la nómina, así como en las deudas a proveedores que dejaron pendientes.
En Los Cabos, por una parte, llegó un administrador como Rigoberto Arce Martínez, que ya ha ocupado ese cargo entres ocasiones anteriores, y que al conocer la situación económica, financiera y administrativa, puso en marcha un plan para adelgazar la abulta nómina, como es el pago directo y en cheques, a todos los empleados municipales, con el fin de conocerlos si realmente trabajaban o andaban de aviadores, y así desprenderse del exceso de personal, que no dudamos, fueron contratados para cumplir favores y pagar cuotas.
En este caso, en Los Cabos, la industria turística y gastronómica como de la construcción, pueden absorber a los que quedaron desempleados, pero en los casos de Loreto y Comondú, la situación se torna difícil para las 850 personas que en ambos municipios se van a la banca.
Son medidas dolorosas, pero tienen que tomarlas Paz Ochoa, Roberto Pantoja y Christian Agúndez, para poder atender con esos recursos que dejaran de pagarse, en cubrir los servicios que demandan sus gobernados en materia de recolección de basura, alumbrado, agua potable, alumbrado, bacheo, pagos de servicios por consumo de energía eléctrica, y fundamentalmente al pago de la nómina de aquellos que no es personal de base o de confianza, pero con una antigüedad ya probada.
Esa sería la única manera de las administraciones actuales de los Ayuntamientos de Loreto, Comondú y Los Cabos, para que no caigan en el endeudamiento con créditos bancarios.
Lo que no puede esperar más tiempo, es que Paz Ochoa, Roberto Pantoja y Christian Agúndez, ordenen y se agilicen las auditorías a las administraciones pasadas para conocer el uso y destino de los recursos, así como del inmobiliario respectivo, y si hubo negligencia, abuso, desvíos o faltante de recursos económicos, se proceda a las denuncias respectivas, ya sea para recuperar el dinero o en su defecto, proceder conforme a la ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Servidores Públicos, para no queden en la impunidad, como ha sucedido en el caso de la denuncia que presentó la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, hace tres años, pues hasta la fecha, se desconoce el resultado de esa auditoría que se le practico a la administración municipal de Rubén Muñoz Álvarez, porque la ciudadanía, el contribuyente de esos cuatro Ayuntamientos, tienen la obligación de saber en que se utilizaron sus contribuciones fiscales.
MICROTEMAS. Ayer, el Gobernador VÍCTOR CASTRO COSÍO, al participar en la instalación del taller de resultados del Índice de Estados y Ciudades Sostenibles, fijó su postura a favor de defender el medio ambiente, e impulsar un desarrollo que no atente contra la naturaleza, porque aclaró, su administración no promoverá leyes o reglamentos que puedan perjudicarnos. El llamado a redoblar esfuerzos en la conservación de los recursos naturales del estado, no debe ser solamente un eslogan, por lo cual los tres niveles de gobierno deben sumar esfuerzos para recuperar los oasis, humedales, dunas y todos aquellos espacios naturales que estén en riesgo. “El cuidado del medio ambiente no es únicamente tema de desarrollo económico, financiero, de creación de empleos, su conservación debe ser acompañada de políticas públicas y privadas, donde no se permita dañar nuestro patrimonio”. En el evento efectuado en esta ciudad de La Paz, acompañaron al Gobernador, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, la representación del Congreso local y personal de City Banamex, empresa que contribuye en los estudios que se realizan en ciudades y las entidades federativas para evaluar su desarrollo sostenible.
También ayer, el Secretario General de Gobierno, SAÚL GONZÁLEZ NÚÑEZ, luego de encabezar la Mesa Estatal de Seguridad, dijo que se reforzarán los programas de prevención social de la violencia que se estarán aplicando en las colonias consideradas como prioritarias para su atención. González Núñez destacó la importancia de que la sociedad civil se sume activamente estas acciones, que tienen como finalidad, evitar situaciones que coloquen en riesgo la integridad de las personas y que los entornos donde las familias desarrollan sus actividades, sean espacios seguros. En dicha reunión, se acordó trabajar en conjunto entre las tres instancias gubernamentales, par atender de manera integral y con un enfoque preventivo, temas relacionados con una vida libre de violencia a través de programas y estrategias como “Párale a la Violencia” y “Tú Bienestar Nos Une”.
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