MICRÓPOLIS / REZAGO EDUCATIVO | Bertoldo Velasco
Todos entendemos y comprendemos la lucha magisterial por sus mejoras salariales, nadie, ningún padre de familia se los reprocha. El problema es que los trabajadores de la educación no entienden ni comprenden a los padres de familia, que preocupados por la educación de sus hijos a casi dos meses de que concluya el periodo escolar, no razonan el daño a los estudiantes con los paros laborales, les están generando un rezago educativo similar al que sufrieron durante la pandemia.
Tal comparación no es ilógica si tomamos en cuenta que durante la pandemia, la educación básica sufrió un descalabro porque nadie estaba preparado para hacerle frente a una educación a distancia. Centenares maestros y miles de estudiantes, carecieran de equipos de cómputo o móviles, vino a dificultar la docencia y la formación escolar, lo que provocó un fuerte rezago educativo del cual aún no nos reponemos.
Los trabajadores de la educación no solo han provocado daños a la educación básica sino también a toda la ciudadanía respecto a su movilidad: en cuanto a los estudiantes, los que han pagado los platos rotos, son más de la mitad de una matrícula de 150 mil estudiantes; de la población, severos trastornos para sus traslados a sus centros de trabajo o hacia sus hogares, afectando de manera directa a la economía y al turismo, aunque aún, esos daños económicos no se han cuantificado.
La sociedad sudcaliforniana empieza a reclamar, como la señora Adriana López Monje presidenta de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, quien consideró que de continuar con los paros laborales de los trabajadores de la educación, se generaría un rezago educativo similar al ocurrido durante la pandemia. Y la verdad, no está equivocada, por lo que propone a los educadores volver a las aulas y buscar otros mecanismos de lucha para lograr lo que ellos consideran justo.
La señora López Monje coincide con el resto de los padres de familia de otros municipios afectados por los trabajadores de la educación: “con la carga del rezago educativo que tuvo la pandemia, los padres están más preocupados. Si no hubiéramos tenido eso, a lo mejor no sentirían tanto lo que está sucediendo en este momento, pero sí ya están preocupados porque ya se extendió demasiado el problema”.
La presidente de la Asociación de Padres de Familia del Municipio de Los Cabos, reconoce la lucha de los maestros como legítima. Sin embargo, “los docentes no han mostrado que vayan a cambiar su forma de lucha, motivo por el cual, hay padres de familia que están dispuestos a levantar actas, ya que la situación no puede continuar.
La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, agregó que el ciclo escolar está a punto de concluir y se están presentando situaciones con los alumnos que pasan de preescolar a primaria, o de primaria a secundaria, porque se requiere un papeleo específico para quienes pasan de un nivel a otro.
Sobre las determinaciones que tomarán como padres de familia, destacó: “ellos saben que no pueden estar sin dar clases más de 3 días. Saben que faltar 3 días en un plazo de 30 días, sin justificación, eso le permite a la Secretaría de Educación darles de baja, saben eso y saben el daño que les puede hacer un acta de abandono de trabajo en su expediente”.
Adriana López aclaró que no se trata de amenazas, sino de un llamado para que los maestros regresen a las aulas y garanticen la educación continua de sus hijos, con el apoyo de la Asociación de Padres de Familia, buscando otras formas de lucha.
Al llamado respetuoso que hizo la señora López Monje a los trabajadores de la educación, es a entender primero, que su lucha es legítima, pero necesitan buscar otras formas de cómo hacerlo, pero no paralizando labores ni afectando al estudiantado.
Al respecto, ayer, en un mensaje enviado a los trabajadores de la educación, así como a los padres de familia como a la ciudadanía sudcaliforniana, el Gobernador Víctor Castro Cosío, les propuso seis puntos para resolver este conflicto, pero al mismo tiempo, les hace un respetuoso llamado para que reconsideren su planteamiento, y valoren la voluntad de este gobierno, para responder a demandas que por años no fueron atendidas.
El magisterio sudcaliforniano, resaltó el Ejecutivo, se ha distinguido siempre por su profesionalismo y compromiso con la educación pública. “En ello finco mi exhorto para que atiendan la principal tarea que les enaltece, y cumplan así, con el derecho superior de las niñas y de los niños de recibir una mejor educación”.
Dijo que dada la importancia del sector educativo para el desarrollo integral de la entidad, desde que inició esta administración se propuso mantener un diálogo permanente, tanto en la visión de la nueva escuela mexicana, como la atención a demandas que por décadas no fueron resueltas, es decir, 20 años que algunas no fueron atendidas por distintos motivos. Por ello, resaltó, se trazó junto con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la SEP federal, una ruta que fuese atendiendo los principales rezagos del sector.
Primero. Abordamos el tema del personal eventual o compensado, cuyos sueldos eran por demás precarios y que no se habían atendido en los últimos diez años. Esta nivelación salarial ha tenido un impacto financiero de más de 300 millones de pesos, mismos que se están pagando desde el primero de enero del 2023.
Segundo. La Secretaría de Educación Pública en BCS., heredó una deuda con el ISSSTE de más de mil millones de pesos; este gobierno ha pagado hasta hoy con recursos propios 460 millones de pesos. El compromiso lo seguiremos cumpliendo.
Tercero. Mantenemos el pago del bono de pensionados y jubilados con un monto de 108 millones de pesos.
Cuarto. Hemos reconocido el derecho al pago de cuatro meses de salario íntegro a todos los trabajadores que se jubilan. Es importante señalar que, en el pasado inmediato, sólo se pagaba por resolución judicial. Esta prestación representa 57 millones de pesos erogados en esta administración.
Quinto. Sobre la prestación denominada Quinquenio, demanda central de la mayoría de los trabajadores de la educación, y con el propósito de cumplir con este justo reclamo, el Gobierno del Estado les ha propuesto en dos ocasiones alternativas que se acerquen a satisfacer progresivamente esta demanda que en 20 años no había sido atendida.
Esta demanda tiene un impacto financiero de cerca de 300 millones de pesos anuales. En el último encuentro del pasado 6 de mayo, haciendo un esfuerzo financiero extraordinario, se propuso el 50% del total de esta demanda, con el compromiso de continuar buscando el respaldo de la federación para llegar al 100% de la misma.
Esta propuesta que ya se había planteado la semana pasada, no ha sido aceptada por la mayoría del magisterio sudcaliforniano, por lo que estos decidieron mantener el criterio del todo o nada, imposibilitando el avance de la negociación.
Sexto. El gobierno del estado, actuando con toda responsabilidad, ratifica e informa al pueblo de Baja California Sur, que en ningún momento ha dejado de gestionar y de buscar una solución a esta demanda. El mejor testimonio del esfuerzo financiero de este gobierno, es la suma de más de mil millones de pesos erogados en beneficio del magisterio de la entidad.
Los trabajadores de la educación tienen la propuesta de gobierno, pero ellos están aprovechando los actuales procesos electorales para ejercer presión, importándoles muy poco el daño a terceros, principalmente al estudiantado que sigue siendo la principal víctima de la decisión absurda de los trabajadores de la educación, cuando saben de antemano que el recurso que exigen, no se cuenta en las arcas estatales sino en las federales.
Mucha de esta información se ha explicado a través de los medios de Comunicación, pero mantienen una postura intransigente, porque no tienen empatía con los padres de familia afectados porque sus hijos no van a la escuela, porque en ellas, no se encuentran los docentes, sino en los plantones.
Ya es hora se acabar con esta situación. La sociedad reconoce los derechos a mejorar sus salarios y sus ingresos tal y como piden se les cubran al 100 por ciento los quinquenios. El gobierno estatal, atendiendo esta petición, les ofreció cubrir el 50 % de ellos en esta primera quincena de mayo, y el resto dividirla en 25 por ciento a cubrir en el 2025 y el otro 25 % en el 2026.
Si los trabajadores tuvieran un poco de empatía con la sociedad sudcaliforniana, acabarían con este problema y atender la propuesta, para que este rezago educativo que están provocando no se compare o se llegue al que ya se sufrió cuando la pandemia.
