Más de mil 800 carpetas se solución sin llegar a juicio en Baja California Sur
En el periodo comprendido de enero a julio de 2026, la Procuraduría General de Justicia del Baja California Sur (PGJE), a través de la Subprocuraduría de Justicia Alternativa, ha resuelto exitosamente mil 876 carpetas de investigación mediante la aplicación de los Mecanismos Alternos de Solución de Controversias (MASC).
El Procurador General de Justicia del Estado, Antonio López Rodríguez, informó que, mediante los procesos de mediación, conciliación y justicia restaurativa, se ha garantizado una atención pronta, eficaz y humana, logrando restituir los derechos de los afectados sin necesidad de llegar a un juicio prolongado.
Gracias a la firma de los acuerdos reparatorios en estos siete meses, se alcanzó un monto total recuperado por concepto de reparación del daño de 7mil 746 millones 832 mil 320 pesos M.N.
El Procurador Antonio López Rodríguez destacó que cada vez más ciudadanas y ciudadanos en conflicto optan por dirimir sus diferencias a través de la Justicia Alternativa, atraídos por las bondades y la efectividad de la justicia restaurativa, la cual privilegia el diálogo, la cultura de la paz y la solución pacífica de los litigios.
En Baja California Sur, los cinco delitos con mayor índice de resolución mediante este modelo de justicia son: amenazas; incumplimiento de las obligaciones alimentarias; lesiones simples, fraude y daños derivados de tránsito vehicular.
Asimismo, el titular de la PGJE hizo un especial reconocimiento al profesionalismo, compromiso y sensibilidad de las y los facilitadores de Justicia Alternativa adscritos a la institución en los cinco municipios del estado. Destacó que su labor diaria, desarrollada bajo el liderazgo de la Subprocuradora de Justicia Alternativa, Lidia Mena Cazares, consolida un sistema penal más ágil, equitativo y enfocado en la satisfacción integral de las víctimas.
Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia del Estado refrenda su compromiso con la sociedad sudcaliforniana de garantizar un acceso a la justicia de manera ágil y transparente
