MICRÓPOLIS / O TODOS COLUDOS O TODOS RABONES / Bertoldo Velasco
Por Bertoldo Velasco Silva
Se sienten intocables, pero operan fuera de la Ley. El hecho de que tengan permisos federales, no los exime de respetar las leyes estatales como todos los que trabajan en Baja California Sur. Por décadas, han irrespetado la reglamentación, pero ya es hora que se sujeten a la normatividad vigente y asuman su responsabilidad, porque no deben prestar un servicio que represente una desleal competencia hacia quienes si cumplen con la ley.
Así operan algunas transportadoras turísticas de Los Cabos, fuera de la Ley, y es hora de que el gobierno del estado los ponga en cintura para que como el resto de quienes prestan un servicio de transporte privado o público, trabajen con piso parejo, o todos coludos o todos rabones, aquí no hay privilegios para nadie.
Cientos de familias dependen de esta actividad y no puede ser que quienes sean permisionarios sean inmunes a la ley de transporte del estado que rige para todos, no solo para unos cuentos como pretenden estas empresas que deben de cumplir con el registro obligatorio, porque este, no es voluntario.
Reuniones van y vienen con las autoridades estatales y municipales para tratar de hacerlos entrar al redil de la ley, pero se niegan a entrar en razón.
Es un grupo de transportistas federales que opera en el municipio de Los Cabos que incumplen con el registro obligatorio en la plataforma SISTPC, un requisito indispensable para prestar el servicio dentro de la entidad.
A estos permisionarios parece que se les olvida que desde mayo del 2025 entró en vigor un decreto estatal que obliga a todas las unidades de transporte federal que operan en Baja California Sur, a registrarse en la plataforma SISTPC, administrada esta, por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), como requisito insalvable para poder brindar el servicio fuera de zonas de jurisdicción federal.
Estos permisionarios cuentan con una autorización federal para operar en puertos, aeropuertos y terminales, prestando un servicio en vías estatales o municipales, y por lo tanto deben cubrir su registro para poder operar y sujetarse a la normativa estatal, no solo a la federal.
Precisamente los días 20 y 21 de enero pasado, autoridades de la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno estatal realizaron operativos de inspección en distintos hoteles de Los Cabos donde operan dichas unidades móviles para verificar que estos cumplieran con lo que establece la Ley de Transporte que rige en la entidad. Y se encontró que varios de estas transportadoras turísticas, carecen del documento de registro.
El director de la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno del Estado, Martín Salinas Ceseña, confirmó que estas unidades cuentan con un permiso único de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para operar en vías federales, pero cuando intentan brindar un servicio en la jurisdicción estatal o municipal, deben portar el permiso correspondiente del citado decreto, pero son omisos, por lo cual están violentando la ley.
En el operativo de inspección, la dependencia estatal detectó a 32 empresas transportistas sin el registro en el SISTPC, por lo cual procedió a levantar las actas correspondientes de detención y dos actas con detención de vehículos, ya que se tratan de unidades que prestaban el servicio de Uber fuera de la plataforma autorizada.
Salinas Ceseña, al concluir la etapa de inspección, indicó que actualmente 242 empresas y alrededor de mil 200 vehículos se encuentran debidamente registrados y en condiciones de operar legalmente, por lo que aseguró que son una minoría quienes se resisten a cumplir con la ley.
Precisamente, los que no están registrados, son los que han realizado manifestaciones e intentos de bloqueos carreteros, para tratar de ingresar a los hoteles queriendo prestar un servicio, pero sin contar con los requisitos que marca la ley.
Como todo transportista, sea estatal, municipal o federal, deben de contar con este requisito para poder operar dentro de la Ley, y como consecuencia si siguen negándose, las instancias estatal y municipal, están obligadas a aplicar todo el peso de la ley, pues si una gran parte de los transportistas ya están registrados, ¿por qué unos cuantos quieren seguir fuera de la ley?
Como en toda prestación de servicio, debe existir un orden, y el permiso federal que ostentan, no es sinónimo de impunidad en caso de algún accidente automovilístico en las zonas estatal y municipal.
¡Que se aplique la ley, porque es para todos!
