Aprueba Congreso del Estado Ley para Prevenir y Sancionar la Extorsión en BCS
Las y los diputados de la XVII Legislatura aprobaron, en sesión extraordinaria, la creación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión en Baja California Sur. La iniciativa fue presentada por los legisladores Eduardo Van Wormer Castro, Sergio Guluarte Ceseña y Fernando Hoyos Aguilar, y está alineada con la Ley General recientemente aprobada por el Congreso de la Unión.
La nueva ley establece que comete el delito de extorsión quien obligue a otra persona, sin tener derecho, a entregar dinero, realizar o dejar de hacer alguna acción, o tolerar una conducta, con el fin de obtener un beneficio propio o para un tercero, o bien causar algún daño económico, moral, físico o psicológico. Este delito será castigado con penas de entre 15 y 25 años de prisión, además de una multa de 300 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En ciertos casos, la sanción podrá aumentar de 4 a 8 años adicionales, de acuerdo con lo que marca la ley.
El objetivo de esta legislación es establecer criterios claros y homologados para sancionar la extorsión en todo el país, así como definir sus agravantes y los delitos relacionados. Además, fija las reglas para la investigación y persecución del delito, y contempla la implementación de acciones y programas preventivos por parte de las autoridades, bajo principios de atención inmediata, eficiencia, imparcialidad, profesionalismo y sin ningún tipo de discriminación.
Con esta aprobación, Baja California Sur fortalece su marco legal para combatir la extorsión, al definir con mayor claridad las responsabilidades de las autoridades, los procedimientos a seguir y las sanciones aplicables, así como al reforzar la coordinación entre instituciones para enfrentar un delito que afecta a familias, comercios y sectores productivos.
La ley también establece que el delito de extorsión deberá investigarse y perseguirse de oficio, es decir, sin necesidad de que la víctima impulse el proceso, y crea mecanismos integrales para su atención, investigación y sanción.
Durante la discusión en lo particular, el Pleno aprobó las modificaciones propuestas por el diputado Eduardo Van Wormer a diversos artículos y disposiciones transitorias. Estos ajustes permiten armonizar la legislación estatal con el marco jurídico nacional, clarificar las competencias entre los distintos órdenes de gobierno, fortalecer la coordinación institucional y garantizar el respeto a los derechos humanos.
Asimismo, se actualizaron artículos transitorios para brindar mayor certeza jurídica y se estableció un plazo para la puesta en marcha del Centro de Atención a Denuncias, que será una herramienta clave para atender a las víctimas y dar seguimiento oportuno y eficaz a las investigaciones.
